Aunque la denuncia sobre el funcionamiento de un equipo radioactivo sin autorización en el Hospital Santamarina, de Esteban Echeverría, trascendió hace algunos meses, recientemente se conocieron nuevos detalles sobre el personal afectado, las condiciones en las que operó el equipamiento y el avance de la causa judicial. Según los denunciantes, estos elementos reflejan una grave falta de controles por parte de la gestión encabezada por el intendente Fernando Gray.
De acuerdo con una publicación de De Acá Info, médicos y técnicos del Servicio de Diagnóstico por Imágenes aseguraron que el tomógrafo del hospital permaneció en funcionamiento durante seis años consecutivos sin contar con la habilitación de Radiofísica Sanitaria, en presunta infracción a la Ley Nacional N.º 17.557.
La denuncia penal presentada por el personal afectado ya se encuentra radicada en la Justicia de Lomas de Zamora bajo el expediente 9838-LZ.
Cómo se detectó el problema
El conflicto comenzó en febrero de este año, cuando la nueva jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, la doctora Laura Deluca, advirtió que los informes de dosimetría —los dispositivos que miden la radiación acumulada por los técnicos— registraban niveles considerablemente superiores a los habituales.
Ante esa situación, ordenó una inspección integral de las instalaciones. La empresa especializada OFIUKO SRL fue la encargada de realizar el relevamiento y detectó una importante dispersión de radiación dentro del búnker de comandos, el sector que debería garantizar el aislamiento total del personal frente a las emisiones del equipo.
Según se informó, un estudio de tomografía de tórax implica una exposición equivalente a más de 200 radiografías convencionales, por lo que el personal habría permanecido durante años bajo condiciones potencialmente riesgosas.
La auditoría también detectó falencias edilicias. Entre ellas, la ausencia del revestimiento de plomo reglamentario en las puertas de las salas de mamografía y rayos X. Asimismo, los planos del área ya presentaban observaciones formuladas por organismos de control en inspecciones anteriores que, según la denuncia, nunca fueron corregidas.
Tras conocerse esos resultados, el tomógrafo Philips Ingenuity 32C fue retirado de servicio para evitar una mayor exposición del personal.
"El tomógrafo no se puede prender; no está habilitado por Radiofísica, no está habilitado por la Provincia de Buenos Aires", advirtió de forma tajante la doctora Deluca en una directiva interna dirigida a los técnicos según publicó De Acá Info, ordenando que el aparato permaneciera estrictamente fuera de servicio hasta que concluyan "las reformas de blindaje".
Un equipo incorporado sin la habilitación correspondiente
El tomógrafo fue instalado en 2019, durante la gestión de la entonces secretaria de Salud municipal, Paula Verónica Ferraris. Según la publicación, Ferraris había llegado a la administración de Fernando Gray con una imputación judicial por "abuso y maltrato" durante su paso por la Cancillería y actualmente enfrenta una denuncia por "abuso y discriminación" en su desempeño como subsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Secretaría General de la Gobernación bonaerense.
La documentación vinculada al cálculo de blindaje del hospital indica que el trámite de habilitación ante la autoridad regulatoria de la provincia de Buenos Aires recién fue iniciado en marzo de 2026 y aún figura bajo el estado "A.I.P. (PBA) en trámite".
De acuerdo con la denuncia, esto implica que el tomógrafo operó desde su instalación sin la autorización exigida por la normativa vigente.
Las designaciones también quedaron bajo la lupa
La investigación también pone el foco sobre las autoridades del área de Radiología. La Ley N.º 17.557 establece que quienes ejerzan la jefatura de un servicio de rayos X deben contar obligatoriamente con la capacitación en Radiofísica Sanitaria.
Sin embargo, según trascendió, la doctora Cecilia Dalmonte habría ocupado ese cargo sin reunir ese requisito.
Las observaciones también alcanzan a la conducción actual, ya que la nueva jefatura tampoco contaba con esa formación al asumir. Según la denuncia, el costo del curso obligatorio fue incorporado y financiado indirectamente por el Municipio de Esteban Echeverría dentro del contrato de refacciones adjudicado a OFIUKO SRL, una decisión cuestionada por profesionales del sector.
La causa judicial busca establecer las responsabilidades penales y administrativas derivadas de la presunta exposición prolongada del personal a niveles perjudiciales de radiación.
Obras después de seis años
Las tareas de adecuación comenzaron el 26 de marzo de este año, más de seis años después de la instalación del equipo. Una empresa contratista presentó un presupuesto "llave en mano" por 18.573.000 pesos para ejecutar el plomado de las paredes del búnker, instalar ventanas con estructuras aptas para soportar vidrios plomados de 300 kilos y reparar las paredes de durlock mediante pasta plomada en las áreas comprometidas.
La solicitud oficial de gastos, identificada como documento N.º 10-2374, fue aprobada a comienzos de abril por el secretario de Obras Públicas, Sergio Bennet.
Para los denunciantes, la realización de estas obras evidencia que las falencias estructurales existían desde hacía años y que las correcciones llegaron recién cuando el caso ya era objeto de una investigación judicial.
En ese contexto, la denuncia sostiene que la ausencia de controles sobre un aspecto tan sensible como el funcionamiento del equipamiento médico y el cumplimiento de las normas de seguridad vuelve a poner bajo cuestionamiento la gestión del intendente Fernando Gray al frente del sistema de salud municipal.
