La medida se aprobó en mayo, en un trámite relámpago que recién salió a la luz esta semana. Al archivar los expedientes, los diputados intentaron dejar sin efecto el pedido que la fiscal Betina Lacki había formulado en abril de 2025. Ese pedido había llevado al juez de Garantías Guillermo Federico Atencio a dictar una orden de presentación, paso previo a un allanamiento, para exigir que se entregara la documentación.
La respuesta oficial: "No entregarán los documentos"
La Legislatura se negó. En una nota firmada por Gerardo Bozzano, secretario legislativo de la Cámara baja provincial, se informó que la documentación pedida por la Justicia no será entregada porque forma parte de un proyecto de resolución general que ya fue archivado.
"En esa oportunidad, el Honorable Cuerpo resolvió, con el voto favorable de más de los dos tercios de sus miembros presentes, aprobar lo allí actuado, y disponer el archivo de las actuaciones, expresando de ese modo su voluntad institucional sobre la cuestión", sostuvo la Legislatura en su respuesta a la Fiscalía.
Una votación relámpago sin constancia de quiénes votaron
El archivo se votó el 28 de mayo. Ese día, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, propuso «ratificar lo actuado por la mesa ejecutiva» de la Cámara. En una sola votación sobre tablas, sin debate y sin registrar quiénes votaron, se aprobaron cerca de 8.000 resoluciones administrativas. Entre ellas estaba el archivo del material que había pedido la fiscal Lacki.
En esa sesión ordinaria había en el recinto legisladores de todos los bloques: Unión por la Patria, La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Sin embargo, un solo diputado se opuso a la maniobra: Cristian Castillo, del Frente de Izquierda.
Cómo empezó el escándalo
Todo comenzó el 13 de septiembre de 2023, cuando detuvieron a «Chocolate» Rigau mientras sacaba dinero de un cajero del Banco Provincia con 48 tarjetas de débito que no eran suyas. La investigación estableció que trabajaba para Claudio Albini, subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense y pieza clave en el esquema de poder de la política provincial.
La fiscal pide que Claudio Albini, su hijo Facundo y Rigau sean condenados por formar parte de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado bonaerense. Hoy los tres están con arresto domiciliario y seguirían en esa situación aunque recibieran una condena de cumplimiento efectivo.
Una conducta que se repite en la Legislatura
No es la primera vez que los diputados bonaerenses se muestran poco dispuestos a colaborar con la Justicia, y el Senado provincial actúa igual. La Cámara alta nunca trató, ni siquiera para rechazarlo, el pedido de desafuero de la entonces senadora Flavia Delmonte. Delmonte estaba acusada de desviar fondos públicos mediante "ñoquis" que figuraban como sus asesores.
